El director gerente de Bb Serveis, la empresa encargada del
servicio de ayuda a domicilio en Hellín, Juan Carlos Rodríguez,
aseguró ayer que «la solución más razonable» del problema que se ha
planteado con las trabajadoras, pasa porque el Ayuntamiento y
la adjudicataria hagan frente a la situación acordando una revisión del
precio/hora.
Una solución que, «tarde o temprano», aseguró ante
los medios de comunicación, se tendrá que producir para corregir el
«desequilibrio económico» existente, para abonar a las trabajadoras las
retribuciones, unos 60.000 euros, que les corresponden.
El origen, en las nóminas
Así, Rodríguez señaló que el origen de la
situación nace cuando la empresa regularizó las nóminas de las trabajadoras
en agosto del 2005, fecha en que se hicieron cargo del servicio. Fue cuando
se puso al descubierto que percibían unas retribuciones superiores a las
establecidas en el convenio colectivo del sector.
Así, explicó que ni el precio/hora contratado; ni el
precio/hora que sirvió de base para la convocatoria del concurso, cubren
este incremento de costes laborales imprevisto, que ha derivado en un
"desequilibrio económico, que, en su opinión, no se le puede imputar
a la empresa".
Explicaciones
Una irregularidad de las nóminas que, hasta ahora,
«nadie ha explicado», al igual que los motivos por los que se decidió
dicho incremento. También aludió a la responsabilidad del Ayuntamiento
por no supervisar adecuadamente el servicio, si desconocía esta
situación.
En este sentido el director de la empresa señaló que los
empresarios municipales, a los que acusó de no haberles recibido en las
reuniones solicitadas, "no pueden eludir", como hasta ahora, la parte
de responsabilidad que les corresponde, tanto en el origen del problema,
como en su solución, sobre todo, teniendo en cuenta, declaró, que
«conocen perfectamente las medidas que se tuvieron que adoptar para corregir
la situación de desgobierno" que existía en el servicio».
Logros alcanzados
Así, enumeró la conversión de todos los contratos
temporales en indefinidos; el reconocimiento de la categoría profesional de
la coordinadora; la cobertura de todas las bajas y ausencias laborales; o la
dotación de medios materiales, entre ellos informáticos y humanos; con la
contratación de la figura de una trabajadora social, hasta el 2005,
inexistente.
